HUELVA INFORMACIÓN
El dictamen del Consejo recoge que la adquisición, por 7,5 millones de euros, no se ajustó a derecho Argumenta que "no es de recibo" haber obtenido una actividad económica privada
CARLOS LÓPEZ ALMONTE , ALMONTE | ACTUALIZADO 23.01.2014 - 05:01
El Consejo Consultivo ha dictaminado como nula la adquisición por parte del Ayuntamiento de Almonte de las participaciones de Exclusivas Doñana, propietaria del Campo de Golf Dunas de Doñana. Tumba con ello el acuerdo plenario del 8 de abril de 2009 por el que se cerraba por 7,5 millones de euros dicha operación.
El consultivo estima que la compra no se ajustó a derecho al "prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". El dictamen, al que ha tenido acceso Huelva Información, enumera numerosos defectos de forma en la tramitación del expediente previo que ha de dar cobertura y justificar convenientemente la necesidad de permuta de terrenos. Los socialistas sortearon estos trámites apoyándose únicamente en que la operación permitía "potenciar el turismo deportivo como medio de dotar de un valor añadido a la oferta turística de Matalascañas, para la que se estima pertinente la adquisición" del complejo deportivo de 54 hectáreas, así como "su gestión".
Sin embargo, los magistrados del organo dependiente de la Junta de Andalucía desmontan este argumento y cuestionan las razones por las que se llevó a efecto la compra de las participaciones sociales de una sociedad limitada, en vez de adquirir únicamente sus activos; es decir, el campo de golf y el edificio club. Tiran por tierra los argumentos de los técnicos, insistiendo que "a nadie sorprendería que el Ayuntamiento adquiriera un campo de fútbol, una cancha de pádel o una pista de atletismo para prestar un servicio deportivo, que no una actividad económica privada, que no es de recibo", argumentan. A renglón seguido se añade que "aquí no se ha adquirido un campo de golf, sino las participaciones sociales de una sociedad limitada".
La adquisición del campo de golf fue una de las operaciones más controvertidas llevadas a cabo por el ex alcalde, Francisco Bella, no sólo por su millonario coste, si no por el hecho de que dentro del accionariado de Exclusivas Doñana se encontrase el también ex alcalde socialista Juan Antonio Castellano, que gobernó el municipio desde 1979 hasta 1987, y que vio duplicado el precio que pagó por esas mismas acciones dos años antes.
Para firmar la millonaria compra se llevó a efecto una permuta de 14 parcelas en la aldea de El Rocío, en el sector Santaolalla Sur, cada una de las cuales disfrutaba de una superficie de 150 metros cuadrados que tenían un valor de tasación de 287.857 euros cada una. Esos 4.030.000 euros aportados en inmobilizado se complementaron con la asunción de una hipoteca que pesaba sobre la infraestructura deportiva, la cual ascendía a 750.000 euros. El resto, 2.569.230, se saldarían en seis anualidades a razón de 428.205 euros en cada ejercicio.
La decisión del Consejo Consultivo pone aun más contra las cuerdas a los ediles socialistas encausados por la denuncia penal que instruye el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Palma del Condado, que imputó a trece de los catorce ediles que integraron el equipo de gobierno socialista durante la pasada legislatura de (2007-2001), así como a los accionistas de Exclusivas Doñana.
En su último auto, el magistrado detalló que "se puede llegar a la conclusión de que los imputados por el delito de prevaricación se habrían valido de su condición de alcalde y concejales del Ayuntamiento de Almonte para adoptar una decisión arbitraria". Gracias a ello, el Consistorio pudo adquirir una empresa que ha quedado probado que era deficitaria, "entregando a cambio bienes inmuebles y una cantidad dineraria que, en su valoración conjunta, superaba en más de 2/3 el valor real de la entidad".
En paralelo, el juez ya pone en antecedentes que la operación de compra venta obvió "la tramitación administrativa prevista por la legislación en materia de contratos públicos", aun "a sabiendas de ello", reportando al resto de imputados, entre ellos Castellano, un beneficio económico en "perjuicio del ente público".
Este auto se produce después de que se dictara una providencia con la que pretendía conocer el valor de mercado de Exclusivas de Doñana en el año 2008, fecha en que se cerró la operación. Se trata de una tasación más cercana al precio abonado en 2006, cuando parte de sus accionistas, entre ellos Juan Antonio Castellano, adquirió a parte de los socios el 50% de las participaciones sociales por un total de 1.520.000 euros. En resumen, sus acciones se valoraron en 3.040.000 euros, los mismos activos por los que dos años más tarde el Ayuntamiento pagó 7,5 millones de euros.
El consultivo estima que la compra no se ajustó a derecho al "prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". El dictamen, al que ha tenido acceso Huelva Información, enumera numerosos defectos de forma en la tramitación del expediente previo que ha de dar cobertura y justificar convenientemente la necesidad de permuta de terrenos. Los socialistas sortearon estos trámites apoyándose únicamente en que la operación permitía "potenciar el turismo deportivo como medio de dotar de un valor añadido a la oferta turística de Matalascañas, para la que se estima pertinente la adquisición" del complejo deportivo de 54 hectáreas, así como "su gestión".
Sin embargo, los magistrados del organo dependiente de la Junta de Andalucía desmontan este argumento y cuestionan las razones por las que se llevó a efecto la compra de las participaciones sociales de una sociedad limitada, en vez de adquirir únicamente sus activos; es decir, el campo de golf y el edificio club. Tiran por tierra los argumentos de los técnicos, insistiendo que "a nadie sorprendería que el Ayuntamiento adquiriera un campo de fútbol, una cancha de pádel o una pista de atletismo para prestar un servicio deportivo, que no una actividad económica privada, que no es de recibo", argumentan. A renglón seguido se añade que "aquí no se ha adquirido un campo de golf, sino las participaciones sociales de una sociedad limitada".
La adquisición del campo de golf fue una de las operaciones más controvertidas llevadas a cabo por el ex alcalde, Francisco Bella, no sólo por su millonario coste, si no por el hecho de que dentro del accionariado de Exclusivas Doñana se encontrase el también ex alcalde socialista Juan Antonio Castellano, que gobernó el municipio desde 1979 hasta 1987, y que vio duplicado el precio que pagó por esas mismas acciones dos años antes.
Para firmar la millonaria compra se llevó a efecto una permuta de 14 parcelas en la aldea de El Rocío, en el sector Santaolalla Sur, cada una de las cuales disfrutaba de una superficie de 150 metros cuadrados que tenían un valor de tasación de 287.857 euros cada una. Esos 4.030.000 euros aportados en inmobilizado se complementaron con la asunción de una hipoteca que pesaba sobre la infraestructura deportiva, la cual ascendía a 750.000 euros. El resto, 2.569.230, se saldarían en seis anualidades a razón de 428.205 euros en cada ejercicio.
La decisión del Consejo Consultivo pone aun más contra las cuerdas a los ediles socialistas encausados por la denuncia penal que instruye el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Palma del Condado, que imputó a trece de los catorce ediles que integraron el equipo de gobierno socialista durante la pasada legislatura de (2007-2001), así como a los accionistas de Exclusivas Doñana.
En su último auto, el magistrado detalló que "se puede llegar a la conclusión de que los imputados por el delito de prevaricación se habrían valido de su condición de alcalde y concejales del Ayuntamiento de Almonte para adoptar una decisión arbitraria". Gracias a ello, el Consistorio pudo adquirir una empresa que ha quedado probado que era deficitaria, "entregando a cambio bienes inmuebles y una cantidad dineraria que, en su valoración conjunta, superaba en más de 2/3 el valor real de la entidad".
En paralelo, el juez ya pone en antecedentes que la operación de compra venta obvió "la tramitación administrativa prevista por la legislación en materia de contratos públicos", aun "a sabiendas de ello", reportando al resto de imputados, entre ellos Castellano, un beneficio económico en "perjuicio del ente público".
Este auto se produce después de que se dictara una providencia con la que pretendía conocer el valor de mercado de Exclusivas de Doñana en el año 2008, fecha en que se cerró la operación. Se trata de una tasación más cercana al precio abonado en 2006, cuando parte de sus accionistas, entre ellos Juan Antonio Castellano, adquirió a parte de los socios el 50% de las participaciones sociales por un total de 1.520.000 euros. En resumen, sus acciones se valoraron en 3.040.000 euros, los mismos activos por los que dos años más tarde el Ayuntamiento pagó 7,5 millones de euros.
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