La Junta escucha en un foro las críticas de Ayuntamientos y colectivos profesionales a su Plan Litoral
Por primera vez en la historia, el Gobierno andaluz ha decidido intervenir en el suelo urbanizable para proteger la costa virgen. Para ello cuenta con la herramienta del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que en el caso de Granada se traduce principalmente en la protección de ocho zonas vírgenes, que eran urbanizables pero en las que aún se llega a tiempo porque estaban sin desarrollar y que quedarán blindadas del ladrillo. El Plan de Protección del Litoral supondrá en la Costa granadina la preservación de un total de 2.114 hectáreas de suelo que tenían la categoría de urbanizables, en los primeros 500 metros de franja litoral, de donde desaparecerán 1.600 viviendas que ya estaban planificadas.
El documento está ahora en fase de exposición pública, hasta el próximo 31 de octubre, y el Gobierno andaluz cree que es el momento de escuchar la voz de todo el que tenga algo que decir a favor o en contra del plan. Por eso está recorriendo las costas andaluzas con jornadas en las que los propios jefes de servicio y técnicos redactores del plan están explicando cómo afecta la medida en cada provincia y resolviendo dudas. Recalaron en Salobreña, donde colectivos profesionales, técnicos de los Ayuntamientos de toda la Costa, representantes políticos y otros afectados pudieron expresar sus opiniones -mayoritariamente críticas- a un documento que ven como una amenaza para el desarrollo de una costa que arrastra un histórico retraso y no tiene el grado de desarrollismo de sus vecinas, Málaga o Almería. Entre las principales críticas que se oyeron al Plan también está la de que se ha elaborado sin consenso y sin participación de los Ayuntamientos. En su exposición, de más de dos horas, dos de los técnicos redactores del Plan del Corredor Litoral, insistieron en explicar la filosofía de una herramienta diseñada exclusivamente para preservar las zonas vírgenes y evitar que se colonice lo que aún queda del frente litoral. Un plan que, en Granada, tumbará 1.600 de las 16.400 viviendas previstas actualmente en el planeamiento de los municipios costeros y que plantea distintos grados de protección.
«Confuso»
Entre las voces que cuestionaron el plan durante las jornadas está la del profesor de Urbanismo de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Granada Luis Miguel Valenzuela Montes que considera que a este documento «le falta procedimiento y le sobra ejecución». El experto en Urbanismo cree que el Gobierno andaluz ha ejecutado con demasiadas prisas este plan que es «confuso». Además echa de menos «directrices, estrategias, incentivos para quienes salgan beneficiados por esa protección del litoral, ya sean Ayuntamiento o promotores».
Por parte del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Granada intervino en la mesa de debate Enrique Villoslada que planteó sus dudas sobre cómo afectará económicamente a la Costa esta nueva protección y cuestionó que no se hayan previsto, por ejemplo, indemnizaciones para los propietarios de los suelos que se verán afectados porque dejan de ser urbanizables o pierden edificabilidad. Además advirtió que la «inseguridad jurídica» que genera el plan «ahuyentará a los inversores». «Creo que es una respuesta política al Gobierno central más que a la propia realidad», opinó.
Si hay un sector crítico con la nueva normativa de la Junta ése es el de la construcción. En las jornadas de Salobreña, el representante de la Asociación de Promotores y Constructores de Granada, Francisco Martínez Cañavate, volvió a arremeter contra un plan «que se limita a prohibir» y consideró que no se puede utilizar la misma vara de medir para todo el litoral andaluz. Martínez Cañavate alertó de que la Costa oriental, practicamente virgen por su histórico aislamiento y la falta de infraestructuras, no puede pagar el desarrollismo de otros puntos del litoral andaluz, precisamente ahora que por fin se ve en el horizonte la llegada de la autovía que llevan tantos años esperando. El portavoz de la asociación que aglutina a los promotores granadinos también lamentó la «inseguridad jurídica» que se está creando y dejó una pregunta para la reflexión: «¿Dónde está el modelo? Si todo se protege, ¿de qué vamos a vivir?».
A Mallorca
También el alcalde de Gualchos-Castell, Eloy Martín (PP) se quejó de los efectos dañinos que conlleva un plan que, en su caso, ya ha echado por tierra el desarrollo de un plan parcial, que tenía detrás a un inversor. «El empresario me dijo literalmente, olvídate de lo que hemos hablado hasta que esto se aclare. Esto es coartar a los municipios», lamentó Martín. Y es que, en virtud de este decreto, los municipios no sólo se ven afectados por el blindaje de las zonas que se protegen, sino por la necesidad de adaptarse a los límites de crecimiento que plantea el POTA.
Por su parte, el arquitecto jefe del Ayuntamiento de Motril, Juan Fernando Pérez, que acudió a las jornadas junto al concejal José Luis Chica, pidió a la Junta participación porque los Ayuntamientos se han sentido «ninguneados». El arquitecto llamó la atención sobre la protección de la zona que abarca desde el Puerto de Motril hasta la Costa oriental, lo que plantea situaciones absurdas, a su juicio, en puntos como los Llanos de Carchuna, que ya están urbanizados y donde sin embargo, en virtud de este plan, se pueden prohibir futuros desarrollos turísticos. «No tiene sentido, ¿qué maldad ven en que ahí se construya un hotel de forma ordenada. ¿Se van a tener que ir los vecinos de Motril o Salobreña a trabajar a Mallorca porque aquí no se puede hacer nada?», se preguntó.
Entre los regidores más afectados e indignados está el alcalde pedáneo de Torrenueva, Manuel Carrascosa, que ha visto como el Plan borra de un plumazo el TOR-3, el proyecto al que su pueblo confiaba el futuro turístico, con la construcción de un hotel de 400 habitaciones. «Tenemos crisis y con este plan vamos a tener todavía más», zanjó ofuscado.
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